PRENSA

No hace mucho, casi a la vuelta de la esquina, dos gigantes de las finanzas norteamericanas se arrodillaban en desgracia ante la mirada atónita del mundo: Freddie Mac y Fanny Mae, titulares de cientos de miles de hipotecas de los ciudadanos del país del Tío Sam. Tiempo más tarde, la tradicional Lehman Brothers se hacía añicos contra el piso, preanunciando el cataclismo económico del 2008, el de las burbujas.

La crisis de las subprime hizo tambalear al planeta, y aunque ello no parecía impactar tan directamente entre los abogados de estas pampas, visto en el tiempo, sí lo hizo: el mundo que conocimos, ya no lo fue más.

Volvamos a Nueva York.

Con el armageddon sucediendo, y las finanzas hechas trizas, las empresas se encontraron en un escenario de recortes extremos, en el que los jugosos honorarios que se pagaban no tenían por qué ser la excepción. Así fue que los u$s 500 por hora que servía como media de mercado para los servicios legales en USA se transformó en un recuerdo nostálgico. De un día para el otro.

Imagino a los managers de los grandes-estudios-de-ventanas vidriadas de Manhattan recibiendo la pésima noticia en sus atalayas de cristal. Cientos de metros abajo, un hormiguero de neuróticos pedestrians siguen con su vida, sin advertir que arriba de sus cabezas se estaba gestando el tsunami de la industria legal.

 ¿Qué hacemos ahora? (Se habrán planteado los partners)

Podía echarse a la mitad de los abogados que se pasean por alguno de los veinte pisos alquilados de ese magnífico edificio, y bajar costos. Devolver algunas oficinas. Pero.. ¿Quién haría el trabajo? O quizás ¿si lo hace otra persona en algún país que pueda tener un nivel de servicios decente, y un costo país más bajo?

Y así, aparecieron las primeras opciones ante la crisis, los LPO o Legal Process Outsourcers. Proveedores de servicios legales off shore, ubicados en países con cierta familiaridad con el common law, como India, prestando servicios legales de menor valor a precios acomodados. Tercerización. Todavía, sin embargo, dependían mucho del factor humano, y cuestiones como la confidencialidad complicaba un poco el panorama.

Con tecnologías disruptivas en pleno nacimiento, aparece la respuesta que faltaba. Si no podemos reducir la cantidad de abogados todo lo que quisiéramos, si las posibilidades de acudir a abogados macdonalizados no es suficiente para ser competitivos, entonces pensemos en sumar más tecnología.  Y así se terminó de armar el rompecabezas de este modelo de negocios alternativo,que vino con su propio manifiesto: (i)  nunca más a las fancy offices, (ii) menos abogados y más tecnólogos; (iii) plataformas y apps para gestionar procesos; (iv) equipos multidisciplinarios; (iv) precios fijos, o por documento o unidades de medida (; v) trabajo por proyectos concretos u objetivos determinados; (vi) más freelancing y relaciones flexibles con los colaboradores. 

Para esa esa época ya ganaba impulso un nuevo gigante del mercado, Axiom Law, que no es ya un estudio jurídico sino una empresa de servicios legales con capitalización en bolsa, que irrumpió en el mercado con una propuesta de servicio de alta calidad a mitad de precio, conjugando pocas estructuras edilicias, relaciones flexibles con sus abogados, y trabajo por proyectos. Ah, y me olvidaba: todo eso, sin abogados en la punta de la pirámide. No, ya no habría más socios manejando el negocio. Sólo top managers ejecutivos  para la dirección, y abogados haciendo el trabajo.  Les fue bien. Muy pero muy bien: Harvard escribió un caso sobre ellos. (Si no me creen, revisen su nómina de clientes en el sitio web).

Así es que, y como solución a la crisis, aparecieron nuevos jugadores que empezaron a brindar soluciones legales apelando a la formación de equipos agiles, a la automatización de tareas, y a organizaciones planas, lejos de la típica estructura piramidal de los estudios tradicionales.

A esta altura, recuerdo una de las tantas predicciones de Richard Susskind, gurú de los cambios en la profesión legal, quien en alguna entrevista decía que los abogados negamos los cambios (o que estos vayan a impactarnos a nosotros), bajo el convencimiento de que todo lo que hacemos es “boutique”. Bespoke, le llama él, en su elegante inglés británico Oxbridge-styled. Y cada vez más –agrega- lo boutique será menos boutique. Un sofisticado proceso de fusión será algún día un proceso automatizado. Y propone – inteligentemente-  que en vez de huir hacia el falso refugio de lo “boutique”, debemos darnos vuelta y encarar hacia la gran tierra de oportunidades: los procesos, las tareas rutinarias, la automatización. Ese es el gran desafío, y allí la abogacía debe ir a capturar el valor.

Y allí están yendo las llamadas ALSP´s (Alternative Legal Service Providers), o LPP´s (Legal Process Providers), prestadoras de servicios legales con formato de empresa, que brindan soluciones integrales a sus clientes bajo una modalidad de precio cerrado (¡adiós la imprevisibilidad del valor hora!), apalancadas en tecnología y recursos humanos diversificados (muchos de ellos, no abogados), y enfocadas en procesos.  Porque al final de cuentas, en el centro del servicio legal hay un proceso.

¿Qué hacen las ALSP´s ? ¿Cómo se organizan? ¿Vienen a arremeter contra los servicios tradicionales y a quitarnos el trabajo con una estrategia low cost?

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Así lo afirman desde SC Legal Network -que hoy asiste a empresas de la talla de Mercado Libre, DirecTv, Tarjeta Naranja y Banco Galicia en la gestión de denuncias por parte de los diferentes organismos de defensa del consumidor- una tendencia que se acentuó a partir de la pandemia. Hoy la organización procesa unas 2.000 denuncias mensuales de todo el país.

Sebastian Canciom CEO y fundador de SC Legal Network
Sebastian Cancio CEO y fundador de SC Legal Network

Según advierten los abogados que representan a grandes empresas en el ámbito administrativo además del judicial, últimamente ha habido un incremento importante de sanciones aplicadas por organismos de defensa del consumidor, tales como las oficinas municipales de Información al Consumidor -OMIC- y el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo -COPREC-, entre los principales.

Las razones que explican ese fenómeno son varias. En primer lugar, la ‘cultura de la denuncia’ se ha expandido, y ante mayor número de denuncias es razonable un incremento de sanciones. En segundo término, el llamado Derecho del Consumidor ha encontrado fuerte acogida entre los abogados, jueces y funcionarios, en particular entre los más jóvenes, ya sea por convicción a sus principios o bien por la ‘aparente’ sencillez de su interpretación y aplicación. La tercera razón se conforma por la avidez económica que atraviesan las administraciones nacionales, provinciales y municipales, cada vez más dispuestas a imponer multas por motivos valederos o sin ellos. En ese contexto, la irrupción de los Proveedores de Servicios Legales Alternativos (ALSP, por su sigla en inglés) ha comenzado a jugar un rol vital, permitiendo a las gerencias legales de las empresas y también a los grandes estudios de abogados tercerizar una actividad que requiere un alto perfil de expertise, networking y tecnología customizada para la gestión de casos a nivel nacional. Así lo confirma Sebastián Cancio, CEO y fundador de SC Legal Network, que hoy asiste a empresas de la talla de Mercado Libre, DirecTv, Banco Galicia, Tarjeta Naranja, SMG Life y Zurich Santander en la gestión de denuncias por parte de los diferentes organismos de defensa del consumidor.

“Las aseguradoras, los bancos y las empresas de servicios en general se han visto obligados a subir los niveles de alarma y a modificar las prioridades de sus analistas”, explica el ejecutivo. “La situación imperante hace necesario medir las contingencias económicas de otra manera y otorgar a las denuncias de consumidores un tratamiento distinto y mucho más especializado. En ese sentido, los abogados internos y externos se ven constreñidos a tratar estos casos de manera estratégica, comprendiendo que muchos de ellos pueden ser la primera movida de una larga partida que amenaza con convertirse en un juicio donde se reclame daño punitivo o acaso en el puntapié inicial de una class action”, advierte.

PIONEROS. SC Legal Network nació en 2010 en la ciudad de Córdoba bajo la iniciativa de Cancio, abogado con marcada formación corporativa, y más recientemente se sumó al proyecto como directora comercial Virginia Puldain, también abogada y con fuerte experiencia en la generación de nuevos negocios y alianzas estratégicas. Producto de la amplia trayectoria dentro del ámbito legal, la organización dio forma a una red de profesionales en Derecho del Consumidor que interviene en todas las jurisdicciones y fueros y brinda su servicio a cada vez más industrias. Por estos días, conforman su equipo más de 100 corresponsales en todo el país y un staff de 15 personas que a través de un software de desarrollo propio administran la gestión de toda la red integrando talento y tecnología.

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Consumidores y seguros: el nuevo escenario

SC Legal Network es el primer proveedor de servicios legales alternativos de Argentina dedicado exclusivamente a la Defensa del Consumidor Corporativa.

Los abogados que representan a las aseguradoras en el ámbito administrativo, además del judicial, han advertido en los últimos años un incremento importante de sanciones aplicadas por organismos de Defensa de Consumidor. Las razones, para Sebastián Cancio, CEO & Founder de SC Legal Network (www.sclegal.com.ar), son múltiples.

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