Entradas

No hace mucho, casi a la vuelta de la esquina, dos gigantes de las finanzas norteamericanas se arrodillaban en desgracia ante la mirada atónita del mundo: Freddie Mac y Fanny Mae, titulares de cientos de miles de hipotecas de los ciudadanos del país del Tío Sam. Tiempo más tarde, la tradicional Lehman Brothers se hacía añicos contra el piso, preanunciando el cataclismo económico del 2008, el de las burbujas.

La crisis de las subprime hizo tambalear al planeta, y aunque ello no parecía impactar tan directamente entre los abogados de estas pampas, visto en el tiempo, sí lo hizo: el mundo que conocimos, ya no lo fue más.

Volvamos a Nueva York.

Con el armageddon sucediendo, y las finanzas hechas trizas, las empresas se encontraron en un escenario de recortes extremos, en el que los jugosos honorarios que se pagaban no tenían por qué ser la excepción. Así fue que los u$s 500 por hora que servía como media de mercado para los servicios legales en USA se transformó en un recuerdo nostálgico. De un día para el otro.

Imagino a los managers de los grandes-estudios-de-ventanas vidriadas de Manhattan recibiendo la pésima noticia en sus atalayas de cristal. Cientos de metros abajo, un hormiguero de neuróticos pedestrians siguen con su vida, sin advertir que arriba de sus cabezas se estaba gestando el tsunami de la industria legal.

 ¿Qué hacemos ahora? (Se habrán planteado los partners)

Podía echarse a la mitad de los abogados que se pasean por alguno de los veinte pisos alquilados de ese magnífico edificio, y bajar costos. Devolver algunas oficinas. Pero.. ¿Quién haría el trabajo? O quizás ¿si lo hace otra persona en algún país que pueda tener un nivel de servicios decente, y un costo país más bajo?

Y así, aparecieron las primeras opciones ante la crisis, los LPO o Legal Process Outsourcers. Proveedores de servicios legales off shore, ubicados en países con cierta familiaridad con el common law, como India, prestando servicios legales de menor valor a precios acomodados. Tercerización. Todavía, sin embargo, dependían mucho del factor humano, y cuestiones como la confidencialidad complicaba un poco el panorama.

Con tecnologías disruptivas en pleno nacimiento, aparece la respuesta que faltaba. Si no podemos reducir la cantidad de abogados todo lo que quisiéramos, si las posibilidades de acudir a abogados macdonalizados no es suficiente para ser competitivos, entonces pensemos en sumar más tecnología.  Y así se terminó de armar el rompecabezas de este modelo de negocios alternativo,que vino con su propio manifiesto: (i)  nunca más a las fancy offices, (ii) menos abogados y más tecnólogos; (iii) plataformas y apps para gestionar procesos; (iv) equipos multidisciplinarios; (iv) precios fijos, o por documento o unidades de medida (; v) trabajo por proyectos concretos u objetivos determinados; (vi) más freelancing y relaciones flexibles con los colaboradores. 

Para esa esa época ya ganaba impulso un nuevo gigante del mercado, Axiom Law, que no es ya un estudio jurídico sino una empresa de servicios legales con capitalización en bolsa, que irrumpió en el mercado con una propuesta de servicio de alta calidad a mitad de precio, conjugando pocas estructuras edilicias, relaciones flexibles con sus abogados, y trabajo por proyectos. Ah, y me olvidaba: todo eso, sin abogados en la punta de la pirámide. No, ya no habría más socios manejando el negocio. Sólo top managers ejecutivos  para la dirección, y abogados haciendo el trabajo.  Les fue bien. Muy pero muy bien: Harvard escribió un caso sobre ellos. (Si no me creen, revisen su nómina de clientes en el sitio web).

Así es que, y como solución a la crisis, aparecieron nuevos jugadores que empezaron a brindar soluciones legales apelando a la formación de equipos agiles, a la automatización de tareas, y a organizaciones planas, lejos de la típica estructura piramidal de los estudios tradicionales.

A esta altura, recuerdo una de las tantas predicciones de Richard Susskind, gurú de los cambios en la profesión legal, quien en alguna entrevista decía que los abogados negamos los cambios (o que estos vayan a impactarnos a nosotros), bajo el convencimiento de que todo lo que hacemos es “boutique”. Bespoke, le llama él, en su elegante inglés británico Oxbridge-styled. Y cada vez más –agrega- lo boutique será menos boutique. Un sofisticado proceso de fusión será algún día un proceso automatizado. Y propone – inteligentemente-  que en vez de huir hacia el falso refugio de lo “boutique”, debemos darnos vuelta y encarar hacia la gran tierra de oportunidades: los procesos, las tareas rutinarias, la automatización. Ese es el gran desafío, y allí la abogacía debe ir a capturar el valor.

Y allí están yendo las llamadas ALSP´s (Alternative Legal Service Providers), o LPP´s (Legal Process Providers), prestadoras de servicios legales con formato de empresa, que brindan soluciones integrales a sus clientes bajo una modalidad de precio cerrado (¡adiós la imprevisibilidad del valor hora!), apalancadas en tecnología y recursos humanos diversificados (muchos de ellos, no abogados), y enfocadas en procesos.  Porque al final de cuentas, en el centro del servicio legal hay un proceso.

¿Qué hacen las ALSP´s ? ¿Cómo se organizan? ¿Vienen a arremeter contra los servicios tradicionales y a quitarnos el trabajo con una estrategia low cost?

Nota Completa AQUI

Autores: Cancio, Sebastián J. – Beltran, Kevin
Publicado en: LA LEY 23/02/2021, 23/02/2021, 3
Cita Online: AR/DOC/392/2021

Sumario: I. El fallo bajo análisis.— II. El abuso del derecho.— III. Comentarios finales. Conclusión.
() (*)
I. El fallo bajo análisis
I.1. Plataforma fáctica
En fecha 10/08/2020, el Juzgado Comercial 24, Secretaría Nº 47 con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dictó sentencia en los autos caratulados «Daniel Alejandro Cabello c/ MercadoLibre S.R.L. s/
ordinario» (Expte. Nº 64732/2015). Al no haberse recurrido, la resolución quedó firme.
Según surge del expediente, el actor vendió el día 15/04/2014 a través de la plataforma de MercadoLibre (en
adelante «ML») una caja de cambio Eatom Fuller de quinta sobremarcha a Miguel Ángel Gutiérrez por la suma
de $13.500.
Dicho producto fue recibido por el comprador el día 05/05/2014, previo haber depositado en la cuenta de
MercadoPago (en adelante «MP») la suma antes indicada en concepto de pago del precio de la compraventa.
Al día siguiente de recibir el producto el comprador advirtió a ML que el producto «no era lo que esperaba»,
ya que no cumplía con un elemento que consideró condicionante para concretar la operación: que estuviera listo
para ser colocado.
Atento a ello, el día 16/05/2014, ML generó un espacio de diálogo entre el comprador y vendedor y, al no
haber arribado a una solución, inició un proceso de mediación dentro de la plataforma que finalizó sin acuerdo
entre las partes, por lo que, ML decidió el cierre del reclamo a favor del Sr. Miguel Ángel Gutiérrez y la
consecuente devolución de los fondos.
En este contexto el vendedor, interpuso formal demanda contra ML, reclamando los daños que dijo haber
sufrido por la caja de cambios que no habría sido devuelta, la devolución del saldo de su cuenta y el lucro
cesante. Agregó que, al habérsele imputado falsas infracciones se le suspendió la cuenta, generándole esto un
detrimento económico que afectó su prestigio comercial.
Oportunamente ML contestó el traslado de la demanda y solicitó su rechazo con costas.
Para fundar su posición, explicó el funcionamiento de la plataforma, indicando que actúa como un «mercado
virtual» para que cualquier persona pueda publicar, comprar, vender y pagar toda clase de bienes y servicios.
Aclaró que cualquier interesado que desee utilizarla, deberá registrarse dentro de la plataforma, completando
un formulario y declarando expresamente haber leído, entendido y aceptado los Términos y Condiciones
Generales de Uso del Sitio.
En el mismo orden de ideas, explicó que en virtud del servicio de «hosting» (hospedaje) que es brindado por
ML, son los usuarios quienes publican sus anuncios, especificando el tipo de servicio o producto que se ofrece,
su descripción, el precio y demás condiciones de venta, siendo estos los únicos responsables del contenido de la
publicación. Luego, ML exhibe el aviso dentro de la plataforma, sin realizar ningún tipo de modificación.
Además, tampoco mantiene contacto con los productos ni interviene en la oferta ni en las posteriores
negociaciones entre las partes, limitando su actuación al mencionado servicio de «hosting»: ofrecimiento de un
espacio virtual dentro de una plataforma de comercio electrónico, sin participar en la celebración de la
compraventa.
Explicó también el funcionamiento de MP, refiriéndose a este como una herramienta mediante la cual los
usuarios otorgan un mandato irrevocable para pagar y/o cobrar por su cuenta y orden transacciones realizadas a
través de ML o de otras plataformas electrónicas e incluso comercios. En pocas palabras, se trata de un mero
gestor de pagos que se limita a depositar el dinero en la cuenta que indique el usuario.
Finalmente, señaló que los «Términos y Condiciones Generales de Uso de Mercado Libre» regulan un
programa denominado «Compra Protegida» que guarda estricta relación con el art. 34 de la Ley de Defensa del
Consumidor (en adelante LDC) y que busca ofrecer una cobertura para los compradores cuando no recibieran el
producto por el que abonaron o para el caso de que lo que fuera entregado sea diferente de lo ofrecido, o acaso
defectuoso. De esta forma y siempre y cuando se respeten las condiciones y plazos establecidos, se podrá
generar un reclamo dentro de la plataforma de ML, impidiéndose que el vendedor disponga de los fondos hasta
Documento tanto se resuelva la controversia, aceptando los usuarios someterse a la decisión de MP.
I.2. La solución jurídica

Autor: Cancio, Sebastián J.
Publicado en: LA LEY 17/06/2020, 17/06/2020, 10
Cita Online: AR/DOC/1570/2020

I. Introducción
El pilar fundamental del andamiaje normativo nacional en materia de contratos lo constituye la buena fe.
Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, o con base en lo que las partes
verosímilmente pretendieron. En este contexto, referir a cláusulas abusivas, abuso del derecho, abuso de
situación de dependencia económica o venir contra el acto propio es aludir a los variopintos rostros de la mala
fe.
El fallo bajo análisis es de particular interés por tres cuestiones: a) desde lo puramente práctico, porque
ayuda a comprender —a través de ejemplos— el verdadero sentido y alcance de la «buena fe», un término fácil
de conceptualizar, pero difícil de definir; b) desde lo estrictamente teórico, porque obliga a categorizar las
conductas de las partes en el marco de los diferentes institutos jurídicos que regulan las conductas
desestabilizadoras de los contratos; y c) desde lo deóntico, porque obliga a replantearse cómo y de qué manera
deben pergeñarse las demandas para no recaer en excesos innecesarios.
II. Los hechos y la litis
La actora, Cellulares Buenos Aires SA (en adelante, CBA), una empresa comercializadora de equipos y
servicios de telefonía, tenía con la demandada AMX Argentina SA (en adelante, AMX) desde el año 2004 un
contrato de comercialización de equipos y servicios telefónicos. En el año 2006, a instancias de AMX este
contrato mutó a uno de agencia.
La relación contractual se llevó adelante con normalidad, hasta que, en el año 2014, invocando un «proceso
de regionalización», AMX hizo ejercicio de cláusulas que le permitían modificar unilateralmente el contrato. De
este modo, la demandada redujo el ámbito de actuación del agente y. consecuentemente. la cantidad de equipos
y servicios que este podía comercializar. Ante esta situación, y luego de intercambio epistolar informal y
formal, CBA dio por rescindido el contrato en razón del accionar de AMX, por cuanto esta, desnaturalizando (a
su modo de ver) la esencia del contrato, le producía perjuicios económicos de diversa índole.
En orden a esta plataforma fáctica, CBA entabla demanda contra AMX, reclamando indemnización por los
daños y los perjuicios sufridos. Dentro del daño emergente denuncia comisiones no cobradas a la fecha de
rescisión, comisiones incorrectamente liquidadas y daños provocados por modificaciones abusivas. Por su parte,
integra el lucro cesante con los rubros de expectativa lógica de continuidad del negocio por el lapso de diez
meses y potenciación de clientela.
A su vez, reclama también la nulidad de ciertas partes del contrato, por abusivas y leoninas (las que, entre
otras cosas, habrían dado lugar al cobro de comisiones indebidas). Indica haberse encontrado bajo el «dominio»
de la accionada, quien ejerció sobre ella su «posición dominante» y explotó su «estado de necesidad y
dependencia».
Corrido el traslado de ley, AMX contesta demanda. Plantea que la causa debe resolverse con base en las
disposiciones del Código velezano e interpone excepción de prescripción respecto del pedido de nulidad del
contrato y también con relación a los reclamos por comisiones mal devengadas. Manifestó que todo lo ocurrido
durante la relación contractual fue consentido por la propia actora, de manera expresa o con actos
demostrativos. Añadió que durante toda la vigencia del contrato la actora lo cumplió sin hesitaciones,
obteniendo considerables ganancias que le permitieron amortizar cualquier riesgo empresarial asumido.
Puntualizó también que el hecho de que un contrato sea de adhesión no implica que sus cláusulas sean abusivas.